Recordemos Las Navieras

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Por: José Rivera Madera (Asesor Político y Legislativo)

San Juan, Puerto Rico — La propuesta venta de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, me lleva a reflexionar y a hacer un pequeño recuento y posterior análisis sobre como el país constantemente desprotege y minimiza la importancia de que el estado mantenga control, o al menos una importante participación, en los mercados que crean los servicios de las utilidades primarias en una economía agónica como la de Puerto Rico. En tiempos donde la competencia cada vez se vuelve más desleal y las ganancias son la única consideración de las compañías privadas a la hora de ofrecer sus servicios, es imperativo que se haga un riguroso ejercicio de planificación basado en nuestras condiciones particulares antes de adentrarnos en un terreno peligroso del que muchas veces no hay vuelta atrás. Les presento un ejemplo.

En el 1995, Navieras de Puerto Rico se declaró en bancarrota. La compañía marítima del estado que transportaba suministros había quedado con un déficit de $359 millones y ponía en venta los activos adjudicando, entre otras, una competencia intensa de parte de las navieras privadas. El gobierno claudicó a su participación en el control de las importaciones y exportaciones de productos primarios de Puerto Rico y lo dejaba totalmente en manos privadas luego de vender el activo en una transacción de cerca de $130 millones… si, una flota naviera fue vendida en una isla de 3 millones de habitantes y solo 100 x 35 de extensión territorial por la ganga de $130 millones.

¿Cuál fue el resultado? Pues unos 7 u 8 años más tarde las empresas navieras privadas que estaban en Puerto Rico se pusieron de acuerdo y crearon un cartel para fijar los precios. Al salir el gobierno de la gestión de transporte marítimo, las empresas privadas se repartieron el botín fijando tarifas a su gusto adjudicando como razón el alza en el combustible entre otras. Entre el 2002 y el 2008 los fletes marítimos pagados aumentaron en $200 millones u 8%, esa fue el alza más grande registrada hasta aquel entonces en la industria marítima de Puerto Rico.  En ese mismo periodo el tráfico de contenedores  se redujo en 4% y en 28% desde su pico en el 2000.

Esa diferencia entre aumento de tarifa y reducción en volumen de transporte coinciden con el periodo en que tres de las cuatro compañías que transportaban desde EU a PR, Sea Star Lines, Crowley Liner Services y Horizon Lines, se pusieron de acuerdo para fijar los precios, esto según el Departamento de Justicia Federal. Según números hasta el 2012, del mercado sujeto a las Leyes de Cabotaje,  Sea Star controlaba el 21% del mercado mientras Horizon tiene el 35%, Crowley 31% y Trailbridge 13% con unos ingresos totales de $690 millones.

En este mismo período Horizon, Sea Star y Crowley se declararon culpables de comisión de delitos violando la Ley Sherman y pagaron sumas de $15 millones, $14.2 millones y $17 millones respectivamente. Así como lo lee, de ganancias de $690 millones terminaron pagando menos del  5% de multas al declararse culpables. Todo esto redundó en costos adicionales a los productos que entraron a Puerto Rico durante ese tiempo y en una reducción significativa de los abastos en muelles mientras el gobierno no podía hacer nada ya que años atrás, había renunciado a su lugar en esta importante competencia.

Es importante que entendamos que las circunstancias de Puerto Rico no son las mismas que las de otros lugares del mundo. Nuestra composición política y territorial y la delicadísima situación económica  actual, hacen repensar más a fondo las decisiones a ser tomadas antes de insertarnos en otras corrientes y modelos económicos mundiales. Lo que es bueno en otros lugares no necesariamente es bueno aquí. Nuestro problema de abastecimiento y tránsito marítimo es en gran parte resultado de haber dejado totalmente en mano privadas el futuro de un servicio esencial y de ser temerosos a la hora de establecer políticas proteccionistas a nuestros servicios y productos.

No podemos repetir este error en otros sectores. Aunque es cierto que la generación de electricidad debe ser abierta a competencia y que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico necesita ser reformada y atemperada a los tiempos con nuevas regulaciones y modelos de administración, también es cierto que no podemos apartarnos de nuestro deber social de que cada ciudadano tenga acceso a este servicio. Vender el activo de nuestras principales plantas de generación podría resultar en someternos a la probabilidad de un cartel de energía en Puerto Rico donde el país se vea sin armas para defenderse ante la posibilidad de un arreglo para fijar precios altos y maximizar sus ganancias exponencialmente a costillas del pueblo que trabaja.

Puerto Rico esta hoy en una encrucijada histórica que nos obliga a rehacernos como país. Nos obliga a reevaluar todo lo que hemos hecho e identificar los errores que nos trajeron aquí mientras nos planteamos soluciones que nos ayuden a salir adelante, pero cuidado… estas soluciones no deben ser tomadas a la ligera ni bajo acusaciones o motivos políticos que nos hunden más en la incertidumbre. No olvidemos que las elecciones son para escoger personas que tomen decisiones y propongan ideas que nos ayuden a echar hacia a delante lo que tenemos creando alianzas positivas y no para actuar como agentes de bienes raíces. La solución a nuestros problemas no va a venir de la claudicación a nuestros deberes, va a venir del carácter que tengamos para enfrentar la situación. Voy a mi país!

José “Cheíto Rivera Madera

Asesor Político y Legislativo

 

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