SAN JUAN, Puerto Rico — La Contraloría de Puerto Rico, suscribió un acuerdo que reafirma el uso de las tecnologías de información y comunicación en la fiscalización de las transacciones y de los fondos públicos. El compromiso, firmado por 21 países en la reunión de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) celebrado en Argentina, apuesta de manera “indeclinable e irreversible en avanzar en el uso de las herramientas y las innovaciones” que proveen las tecnologías para el control de la gestión pública.

La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, concurre en que el uso de las nuevas tecnologías “es un camino que aportará confianza a la ciudadanía sobre la calidad, transparencia y oportunidad de nuestro trabajo”, como reza la declaración. De hecho, “el mantenimiento y desarrollo de una infraestructura moderna y tecnológica ha sido uno de los objetivos principales en la transformación de la Oficina del Contralor en los últimos años”.

Algunos de los proyectos innovadores de la Contraloría en el manejo de la evidencia digital en las auditorías, es la División de Análisis de Datos, Forense Digital y Desarrollo Tecnológico (AFD) en el 2011. Esta División provee a los auditores apoyo técnico especializado para detectar o corroborar la posible comisión de un delito o irregularidad y develar la identidad de las personas responsables con prueba confiable y admisible en foros administrativos y judiciales. Al presente se han trabajado 45 casos forense digital de posibles esquemas de fraude y se ha brindado apoyo al Departamento de Justicia de Puerto Rico en 10 casos y a la Oficina de Ética Gubernamental en tres casos.

Además, el personal de auditoría cuenta con su portal de Business Intelligence, entre otras aplicaciones tecnológicas, que ayudan a extraer información de los registros de las entidades auditadas.

En la Declaración de Buenos Aires, como también se ha denominado el acuerdo, la Contraloría se compromete a compartir experiencias en políticas y procedimientos, promoción de buenas prácticas, y a la innovación tecnológica. El documento firmado el 12 de octubre, reconoce que las entidades fiscalizadoras deben “construir un puente entre los gobiernos y la ciudadanía y constituirnos en una fuente confiable de información, independencia y objetividad” mediante las evaluaciones de las políticas, programas y actividades gubernamentales y los resultados que producen.

El acuerdo fue suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, España, Portugal, Emiratos Árabes Unidos y Puerto Rico. El documento está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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