SAO PAULO — La policía brasileña arrestó el jueves a siete legisladores del estado de Río de Janeiro bajo acusaciones de que aceptaron sobornos a cambio de respaldar una organización delictiva encabezada por el exgobernador Sergio Cabral.

Cabral cumple una condena por haber recibido, según las autoridades, cientos de miles de dólares al mes cuando era gobernador, para ayudar a diversas compañías a asegurarse contratos, desde proyectos en las favelas de Río hasta la remodelación del estadio Maracaná. Está acusado además de cumplir un papel central en la compra de votos cuando el Comité Olímpico Internacional escogió a Río como sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

Además de los siete arrestados del jueves, se emitieron órdenes de arresto para otros tres cuyos mandatos estaban suspendidos y que estaban presos bajo otros cargos: dos están en prisión y uno en arresto domiciliario. Los fiscales han pedido a los tribunales que despojen de sus bancas a los legisladores, algunos de los cuales fueron reelegidos el mes pasado.

La policía ha arrestado a otras 10 personas implicadas en la investigación y buscan a dos sospechosos.

La pesquisa es parte de la enorme investigación “Autolavado”, que ha sacado a la luz la corrupción arraigada en el sistema político. Decenas de empresarios y políticos están presos y se ha desatado una ola de furia contra la clase política que ayudó a allanar el camino para el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre.

Los procuradores federales dijeron en un comunicado que los legisladores están acusados de aceptar “subvenciones” mensuales _en algunos casos de decenas de miles de dólares_ a cambio de su apoyo a Cabral. Algunos recibieron autorización para otorgar empleos públicos.

“Las investigaciones narran una historia: de cómo un exgobernador, por medio de sobornos y otros beneficios ilícitos, neutralizó el control que los legisladores estatales deben ejercer sobre el ejecutivo y de esta manera, la organización se extendió a varios organismos y entidades estatales, lo que provocó un quebranto en los servicios provistos al pueblo”, dijeron los procuradores.

Muchos sostienen que la corrupción provocó una crisis financiera en Río, la que redundó a su vez en un deterioro de los servicios públicos e impidió que la policía enfrentara un auge de la delincuencia.

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